Bárbara Álvarez (PPD) y Mirta Vega (REP) alertaron ante el Concejo Municipal presuntas discrepancias entre lo exigido en las bases, lo ofertado por el proveedor y las especificaciones reales de los fabricantes.

Durante la última sesión del Concejo Municipal de Puerto Montt, las concejalas Bárbara Álvarez (PPD) y Mirta Vega (REP) solicitaron formalmente una revisión administrativa y técnica exhaustiva respecto a las adquisiciones de pantallas interactivas destinadas a diversos establecimientos educacionales públicos de la comuna.

La alerta fue levantada tras un análisis comparativo que evidenciaría diferencias significativas entre las especificaciones requeridas por el municipio en las bases técnicas de licitación, las características declaradas por el proveedor adjudicado en su oferta y las especificaciones técnicas que publican oficialmente los fabricantes de dichos equipos.

Entre las principales anomalías detectadas de forma preliminar se encuentran discrepancias en la vida útil de las pantallas, la dureza de protección del cristal, los tiempos de respuesta táctil, la potencia de los puertos USB-C, las certificaciones de software, la cantidad de puntos de contacto simultáneos y la incorporación de cámaras integradas.

Al respecto, la concejal Bárbara Álvarez enfatizó la gravedad de la situación, señalando que “estamos hablando de equipamiento adquirido con recursos públicos y destinado a escuelas y liceos municipales. El municipio debe tener absoluta certeza de que lo ofertado, lo adjudicado, lo recibido y lo pagado corresponde efectivamente a lo solicitado en las bases técnicas”.

En tanto, la concejal Mirta Vega precisó que las observaciones apuntan a procedimientos bajo la modalidad de Compra Ágil. “Ya oficiamos acompañando las fichas técnicas comparativas, solicitamos una respuesta formal de la administración y, además, sugerimos que estos antecedentes sean puestos en conocimiento del Tribunal de Contratación Pública para que se determine si corresponde iniciar las acciones que procedan”, explicó Vega.

Las ediles solicitaron que la Dirección de Control, la Dirección Jurídica y la unidad técnica municipal pertinente elaboren un informe consolidado para esclarecer quiénes evaluaron las ofertas, bajo qué criterios se recepcionaron los equipos conformes y qué acciones legales o de cobro de garantías se ejecutarán en caso de confirmarse los incumplimientos contractuales.