El Gobierno inició el proceso de consulta previa en la provincia de Osorno, mientras gremios agropecuarios cuestionan su carácter vinculante y algunos contenidos de la propuesta.
La Casa del Folclor de Osorno fue escenario del lanzamiento del proceso de consulta previa por un nuevo sistema de tierras Mapuche, encabezado por la delegada presidencial provincial, Claudia Pailalef Montiel, junto a la seremi de Gobierno de Los Lagos, Danitza Ortiz Viveros, la directora regional de Conadi, Marcela Urbano González, y el gestor territorial del Plan Buen Vivir, Elías Huanquilen Ancatripay. Las autoridades hicieron un llamado a la participación activa de las comunidades en este proceso.
La consulta busca crear una norma especial para el pueblo Mapuche en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que complemente el sistema actual y amplíe las formas de reparación en tierras. Entre las propuestas se contempla la posibilidad de establecer nuevas modalidades contractuales de mera tenencia, manteniendo la inalienabilidad de las tierras Mapuche.
El proceso de consulta indígena se desarrollará en cinco etapas: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización. La etapa de planificación se iniciará el miércoles 13 de agosto, definiendo roles, metodología, lugares y mecanismos de participación. Más información está disponible en el sitio web oficial www.gob.cl/nuevosistemadetierras.
Desde el mundo gremial, la ONG Campo Seguro —que agrupa a gremios agrícolas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos— manifestó reparos al anuncio del Gobierno. Su gerente, Francisco Muñoz, cuestionó que se presente el proceso como vinculante, señalando que “esta característica no está contemplada en el Convenio 169 de la OIT y debería ser sucedida por proyectos de ley enviados al Congreso Nacional”.
Campo Seguro también expresó preocupación por aspectos de fondo de la consulta, como la creación de nuevas instituciones públicas, un marco presupuestario que consideran excesivo, la instalación de un Tribunal Arbitral y el reconocimiento de sitios de significancia cultural. Además, criticaron que se incluya en el proceso la discusión de la “Ley de Reparación a Víctimas”, que —a su juicio— debería aplicarse a todos los ciudadanos y no solo al ámbito indígena.
El proceso se extenderá entre cuatro y seis meses, con fecha de término estimada para marzo de 2026, traspasando al próximo gobierno la responsabilidad de enviar los eventuales proyectos de ley. Desde Campo Seguro reiteraron la importancia de que la información se comunique con absoluta claridad para evitar falsas expectativas en las comunidades y en la ciudadanía.
