Tras más de un año de investigación, el sumario municipal descartó responsabilidad administrativa en el pago extemporáneo de cotizaciones de 2023. El caso quedó ahora en manos de la justicia para definir eventuales responsabilidades civiles o de cobro.

Tras un año de investigación instruida por la Municipalidad de Palena, el sumario administrativo que indagó el pago tardío de cotizaciones previsionales concluyó con la absolución de los funcionarios involucrados. El decreto final determinó que no existió responsabilidad administrativa en los hechos y remitió los antecedentes al Poder Judicial para evaluar posibles acciones de cobro.

La investigación se originó en septiembre de 2023, luego de que el municipio asumiera multas e intereses superiores a tres millones de pesos debido a la cancelación extemporánea de leyes sociales del Departamento de Educación Municipal. El alcalde de Palena, Julio Delgado Retamal, ordenó en julio de 2024 iniciar el sumario, el cual fue reiniciado en mayo de 2025 para profundizar en nuevas diligencias e interrogatorios.

El proceso examinó el rol de tres funcionarios: Segundo Alarcón Segovia, entonces jefe de Finanzas del DAEM; Marcelo Alvarado Huentelaf, jefe subrogante del departamento; y Bogna Tamara Vidal Lavoz, encargada de Recursos Humanos. Finalmente, el informe concluyó que ninguno de ellos tenía responsabilidad administrativa en los hechos investigados.

En sus descargos, Alarcón explicó que actuó basado en la información proporcionada por la encargada de Recursos Humanos, quien le indicó que el plazo de pago vencía el 14 de septiembre. Si bien reconoció un error involuntario, rechazó categóricamente haber actuado con dolo o intención de causar perjuicio económico al municipio.

El decreto alcaldicio, firmado el 21 de noviembre de 2025 y notificado el 26 del mismo mes, resolvió absolver a los tres funcionarios y cerrar la etapa administrativa del procedimiento. El documento establece que el caso ya fue remitido a los tribunales de justicia, instancia que deberá evaluar la procedencia de eventuales acciones de cobro por el daño económico generado.

Con esta resolución, la municipalidad da por concluido el proceso interno, mientras el ámbito judicial será el encargado de determinar si existen responsabilidades civiles o patrimoniales que deban perseguirse. La situación mantiene la atención de la comunidad local, dado el impacto financiero que tuvo el error en la administración del DAEM.