La Región de Los Lagos da el vamos a una Consulta Indígena histórica que busca establecer un innovador sistema de repartición de tierras mapuches. El proceso, liderado por autoridades regionales, movilizará a 40 funcionarios públicos y se espera la participación de unas 5 mil personas en 24 locales.

La Región de Los Lagos dio inicio formal a la Consulta Indígena derivada como propuesta de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que trabajó durante dos años para avanzar en la relación entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Esta consulta partirá el 13 de agosto en las comunas de Osorno, Fresia y Ancud. Este proceso, anunciado en Puerto Montt, tiene como principal objetivo proponer una medida legislativa que reforme el actual sistema de entrega de tierras a los pueblos originarios.

La iniciativa fue anunciada por la seremi de Gobierno de Los Lagos, Danitza Ortiz, y el delegado del programa Buen Vivir, Cristian Caipillán. La consulta se desarrollará a través de 144 reuniones distribuidas en 5 etapas, con una planificación que estima una duración de 4 a 6 meses y una fecha límite clave en los primeros días de marzo de 2026. Para su ejecución, se ha desplegado un equipo de 40 funcionarios públicos en las cuatro provincias de la región.

El éxito de este proceso no se medirá por la cantidad de asistentes, sino por la contribución que las comunidades puedan hacer a la propuesta de este nuevo sistema de tierras. Uno de los principales detonantes de esta consulta es el reconocimiento de que el sistema actual de entrega de tierras a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se encuentra obsoleto, conforme al Artículo 20, letra B de la normativa vigente. Según los cálculos presentados, el 99% del presupuesto de compra de tierras se concentra en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

Con un presupuesto de Conadi de $65 mil millones de pesos para 2025, de los cuales $44 mil millones se gastaron en el citado artículo, se estima que, a este ritmo, las aspiraciones de compra de tierras podrían extenderse entre 86 y 162 años. En este contexto, se plantea que la Conadi deje su potestad de negociar la compra de terrenos en el futuro, para que se dedique plenamente al desarrollo indígena, que es su razón de ser original. Para financiar las medidas futuras, se ha mencionado la aspiración de contar con un fondo global de USD$4 mil millones, el cual no sería anual.

Adicionalmente, se ha propuesto la creación de un Tribunal Arbitral Mixto para gestionar contingencias relacionadas con tierras entre mapuches y no mapuches. La metodología de la consulta consta de cinco etapas clave: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización. El coordinador regional del Plan Buen Vivir, Cristián Caipillán, ha enfatizado que la entrega de información es la parte más relevante, seguida por la etapa de deliberación interna de las comunidades. Los datos recopilados serán analizados por expertos para, posteriormente, dar forma a la propuesta de ley.

Esta iniciativa surge del informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento, buscando una solución administrativa al conflicto mapuche. La seremi de Gobierno, Danitza Ortiz, destacó el respaldo transversal de 19 partidos políticos que se han puesto a disposición para dar luz verde al documento que emane de esta consulta. No obstante, el proceso ya enfrenta desafíos, como el rechazo a participar del Consejo de Loncos de Osorno, mientras que la situación con el Consejo de Chiloé aún es incierta.