Un 48% de los hogares del país tiene jefatura femenina, pero sus ingresos siguen siendo significativamente más bajos que los de los hombres, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024 del INE.

La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reveló una fuerte contradicción en la estructura social del país: casi la mitad de los hogares en Chile (48%) son encabezados por mujeres, pero sus ingresos continúan siendo considerablemente menores que los de los hombres. Esta brecha no solo impacta a nivel individual, sino que condiciona la calidad de vida y el desarrollo de millones de familias.

La economista Sandra Bravo, investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas, explicó que la brecha salarial de género en Chile responde a múltiples factores. Entre ellos, la concentración femenina en cargos de apoyo y sectores de baja productividad, la escasa presencia en puestos de liderazgo, y la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de cuidado. “A esto se suma el ‘techo de cristal’, que frena la proyección laboral incluso cuando las credenciales y la trayectoria son equivalentes”, puntualizó.

El estudio advierte que esta desigualdad afecta de manera directa a los hogares: aunque las mujeres sostienen casi la mitad de las familias del país, sus menores remuneraciones reducen la capacidad económica, el acceso a mejores condiciones de vida y la acumulación de patrimonio, perpetuando así desigualdades intergeneracionales y mayor vulnerabilidad frente a crisis económicas.

En cuanto a las políticas públicas, Bravo señaló que las medidas actuales, como el postnatal parental transferible o la Ley de Teletrabajo, han tenido un impacto limitado. Persisten problemas como la falta de cobertura de salas cuna, la ausencia de transparencia salarial obligatoria y programas de capacitación que no siempre apuntan a sectores de mayor productividad y remuneración, lo que perpetúa la segregación ocupacional.

Para revertir esta situación, la economista destacó la urgencia de políticas estructurales y de largo plazo. Entre ellas, avanzar en la Sala Cuna Universal, rediseñar los programas de formación con enfoque de género hacia áreas como STEM, energía y logística, y fomentar la visibilización de referentes femeninos en sectores estratégicos. También sugirió incorporar metas de participación y incentivos a las empresas que promuevan la contratación femenina.

Finalmente, Bravo advirtió que la inclusión laboral de las mujeres no es solo un asunto de justicia social, sino también de productividad y competitividad nacional. “La inserción femenina sostenida en sectores estratégicos es clave para el futuro económico de Chile. No basta con reconocer el problema: se requiere decisión política y social para enfrentarlo de raíz”, concluyó.