ONG Campo Seguro llamó a acelerar reformas legales y medidas operativas para enfrentar la delincuencia en el mundo agrícola. El fenómeno afecta especialmente a productores y comunidades rurales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

La creciente preocupación por la seguridad en el mundo rural volvió a instalarse en la agenda del sector agrícola, luego de que la ONG Campo Seguro advirtiera sobre el aumento sostenido de delitos en zonas rurales del sur de Chile, particularmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Desde la entidad señalaron que durante los últimos tres años se ha evidenciado un incremento de hechos delictivos que afectan directamente a productores y comunidades rurales, situación que ha generado un clima de incertidumbre y temor entre quienes desarrollan actividades agrícolas.

Entre los delitos más frecuentes se encuentran el abigeato, el robo de maquinaria e insumos agrícolas, los robos en viviendas rurales y la sustracción de componentes eléctricos. Este último delito ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos dos años, afectando tanto a predios productivos como a infraestructura crítica en zonas apartadas.

Las cifras también reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con un estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura, cerca del 80% de los habitantes de zonas rurales ha sido víctima de algún delito o conoce a alguien que lo ha sufrido. A su vez, levantamientos realizados por la organización indican que un 60% de los productores ha experimentado algún hecho delictivo.

Además del impacto directo en la actividad agrícola, la situación ha generado una percepción creciente de inseguridad. Según los antecedentes recopilados por el sector, cerca de un 80% de los productores teme ser víctima de delitos durante el presente año.

En el plano legislativo, Campo Seguro planteó la necesidad de acelerar la tramitación de iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad rural. Entre ellas se encuentra el proyecto que propone establecer como agravante la comisión de delitos en zonas rurales y la actualización de la Ley Antiabigeato.

El gerente de la organización, Francisco Muñoz, señaló que existe expectativa respecto de las medidas que pueda impulsar la nueva administración para enfrentar este fenómeno, especialmente en materia de coordinación policial y uso de nuevas tecnologías para combatir el crimen.

Entre las propuestas planteadas por la organización se encuentran la georreferenciación de las llamadas al número de emergencias 133, mejorar el intercambio de información entre Carabineros, la PDI y Gendarmería, e incorporar herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar personas con órdenes de detención pendientes o vehículos con encargo por robo.

Finalmente, desde Campo Seguro también advirtieron que la inseguridad rural aún presenta baja visibilidad en los sistemas oficiales de medición, ya que instrumentos como la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana se concentran en zonas urbanas, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud del fenómeno en el campo.