Por Lorenzo Miranda Morales, presidente CChC Puerto Montt.

Los esfuerzos que se despliegan para reactivar la economía regional son valiosos e indispensables. La mesa de nudos críticos del Gobierno Regional, las iniciativas para mejorar las condiciones de contratación al amparo de la Mesa por el Empleo de la Delegación Presidencial y el debate sobre reformas de largo plazo marcan una ruta. Pero frente a la magnitud del estancamiento debemos ser claros: no podemos dejar de hacer lo que venimos haciendo, y definitivamente necesitamos hacer más. Necesitamos un “Big Bang”, un impulso adicional que funcione como motor de partida para encender los grandes motores de nuestra economía.

Cuando un vehículo pesado se detiene en una pendiente, mantener el pedal presionado evita que retroceda, pero no lo hace avanzar. Se requiere una fuerza inicial extraordinaria que rompa la inercia. Hoy la Región de Los Lagos necesita ese empujón. Cerca de 33 mil personas están desempleadas. Detrás de esa cifra hay familias que no pueden esperar la maduración de reformas de largo aliento. La urgencia exige actuar con las herramientas disponibles. Y la novedad es que la herramienta principal ya existe.

La cartera que espera

En la región hemos identificado 31 proyectos en proceso de calificación ambiental, que en conjunto representan una inversión cercana a USD 3.943 millones. Nueve de ellos, equivalentes a USD 2.211 millones, ya superaron un año de tramitación en el SEIA. Activar esa cartera permitiría generar aproximadamente 2.703 empleos directos en la etapa de construcción.

Pero conviene decir algo que rara vez se dice: obtener la calificación ambiental no es la meta, es el punto de partida de un segundo laberinto. Un proyecto con RCA favorable todavía debe conseguir la aprobación de su informe de mitigación vial, la factibilidad y el proyecto de acceso a caminos públicos, la aprobación de modificaciones de cauce y traslados de derechos de agua, la autorización sanitaria de sus sistemas de agua potable y aguas servidas, y el informe favorable de construcción en suelo rural. Cada uno con su ventanilla, su plazo indeterminado y su ciclo de observaciones. Es ahí donde un proyecto calificado pierde el segundo año.

En este ámbito, en nuestra región en procesos de aprobación sectorial hay proyectos identificados por nuestra cámara e ingresados a la plataforma de nudos críticos, que podrían dar trabajo a más de 2.000 personas, pero que enfrentan el mismo tormentoso tránsito burocrático.

La Ley que espera ser aplicada

Para ese segundo laberinto el país se dio, el 29 de septiembre de 2025, la Ley 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Vale la pena recordar lo que dice, porque es más ambiciosa de lo que se cree:

– Plazos máximos obligatorios: 50 días hábiles para aprobar un proyecto, 25 para autorizar su funcionamiento.

– Silencio positivo en algunas tipologías de permisos: si el servicio no resuelve dentro del plazo, la autorización se entiende otorgada y el titular obtiene un certificado automático que el servicio ya no puede desconocer.

– Regla general de habilitación por declaración jurada o aviso, sin acto administrativo previo, para todo lo que sea de bajo riesgo, con fiscalización posterior y sanción penal a quien mienta.

– Registros de profesionales y entidades técnicas certificadoras, contratadas por el titular, cuyos informes pueden ser vinculantes para la decisión del servicio y dar derecho a plazos reducidos.

– Tramitación ágil con plazos reducidos a la mitad para iniciativas de inversión calificadas como estratégicas.

– Multas de hasta el 30% de la remuneración a los jefes de servicio que incumplan los plazos reiteradamente.

– Una Mesa Regional presidida por la SEREMI de Economía, con las direcciones regionales de todos los servicios y con silla para los gremios, para hacer seguimiento proyecto a proyecto.

Un año después, el balance en Los Lagos es insuficiente. La dictación de los reglamentos que permiten registrar certificadores debe seguir extendiéndose: existen algunos de Obras Públicas para aguas, debe ampliarse a caminos, no hay en Salud para sistemas sanitarios, ni en Transportes para mitigación vial, ni en Vivienda ni el SAG para el informe favorable de construcción. La clasificación de permisos que activa los plazos y el silencio positivo avanzó a medias y sigue sin cubrir la mayoría de los trámites. Y en las oficinas regionales se sigue tramitando exactamente igual que antes.

Hay una excepción, y es la prueba de que se puede. El SAG opera desde 2025 en Los Lagos con terceros autorizados para la subdivisión de predios rústicos: profesionales privados, pagados por el propietario, revisan el expediente y el servicio certifica sobre esa base. Lo hizo por resolución, sin esperar reglamento ni ley nueva, y hoy el sistema ya está en marcha en ocho regiones con plataforma digital. Ese es el estándar que pedimos para todos los demás.

Lo que pedimos

No pedimos una ley nueva. Pedimos que la ley vigente se aplique con carácter de emergencia, en toda su extensión y en el menor plazo posible:

1. Que los ministerios de Obras Públicas, Salud, Transportes y Vivienda dicten en 90 días los reglamentos de certificadores privados, con informe vinculante y plazo reducido, para modificaciones de cauce y traslados de aguas, accesos e ingeniería de detalle vial, sistemas particulares de agua potable y tratamiento de aguas servidas, informes de mitigación vial e informes favorables de construcción.

2. Que se complete y publique de inmediato la clasificación de permisos, de modo que los plazos máximos y el silencio positivo rijan ya para todos los trámites que enfrenta un proyecto calificado.

3. Que cada ministerio dicte el reglamento que habilite la declaración jurada en los trámites de bajo riesgo, como la propia ley ordena que sea la regla general, y que sus direcciones regionales reciban la instrucción de aplicarla desde el primer día.

4. Que el SAG, que ya opera con terceros autorizados en Los Lagos, extienda el sistema al informe de factibilidad para construcciones, y que los demás servicios usen esa experiencia como plantilla.

5. Que la cartera regional de proyectos calificados se postule al procedimiento de tramitación ágil de iniciativas estratégicas y sea monitoreada en la Mesa Regional, proyecto por proyecto, con los gremios sentados a la mesa.

Todo esto son facultades que la ley ya entregó. Usarlas no rebaja ningún estándar: el privado certifica, el Estado decide y fiscaliza, y quien falsea responde penalmente. Lo que se elimina es la espera, no el control.

La condición

Junto a ello, una condición de efectividad innegociable: permiso agilizado exige inicio de obras en plazo acotado. No se trata de otorgar autorizaciones para engrosar carpetas o acumular derechos, sino de poner maquinaria en terreno y generar contrataciones reales en el corto plazo.

Las reformas de fondo al sistema de permisos deben seguir su curso. Pero los trabajadores que hoy buscan empleo necesitan respuestas ahora, y la respuesta ya está escrita. Hacer más no significa abandonar lo avanzado; significa sumarle velocidad y volumen. Si logramos que el Estado aplique su propia ley con la urgencia que la región exige, estaremos dando el empujón inicial que Los Lagos necesita para volver a crear empleo formal, dinamizar a nuestras pymes y reactivar el desarrollo regional.