La iniciativa del Ministerio de Energía prorroga el subsidio tarifario hasta 2027 y evita cobros abruptos en las cuentas de la luz de la región.
Con la publicación oficial en el Diario Oficial, la Ley de Protección Tarifaria, popularmente conocida como “Ordenemos la Cuenta”, comenzó a regir formalmente en todo el país. Esta normativa impulsada por el Ministerio de Energía busca solucionar de forma estructurada las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras de electricidad, previniendo alzas desmedidas que afecten directamente el presupuesto de los hogares.
El proyecto de ley obtuvo una contundente aprobación durante su tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Tras alcanzar la unanimidad en el Senado y contar con el respaldo de 117 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados, la medida quedó lista para su promulgación y entrada en vigencia inmediata.
En el contexto local, la iniciativa representa una señal de alivio para los habitantes de la Región de Los Lagos. Las proyecciones tarifarias para el segundo semestre contemplaban un incremento cercano al 19% en las boletas eléctricas de la zona, cifra que gracias a los mecanismos de contención de la nueva norma se reducirá a un incremento en torno al 10%.
El seremi de Energía de la Región de Los Lagos, Andrés Niklitschek, valoró el despacho y publicación de esta normativa, destacando que el objetivo central es proteger a los consumidores. La autoridad enfatizó que se buscó una solución financiera de largo plazo que no transfiera un impacto económico inmediato a las familias de la zona.
Dentro de sus ejes técnicos principales, la ley establece un esquema de pago gradual para resolver el retraso acumulado en el Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024. Este saldo pendiente se amortizará en un plazo extendido entre los años 2028 y 2035, impidiendo recargos drásticos en las tarifas actuales.
En el ámbito de la protección social, la legislación confirma la prórroga del subsidio eléctrico durante todo el año 2027. Esta continuidad beneficia directamente a los sectores socioeconómicamente más vulnerables de la región, asegurando un aporte estatal continuo para enfrentar los costos de los servicios básicos.
Asimismo, el marco regulatorio contempla un fortalecimiento en las garantías para pacientes electrodependientes, ampliando la cobertura y protección del suministro para personas con necesidades médicas críticas en sus domicilios.
Finalmente, la ley fija un marco de fiscalización estricto al prohibir expresamente que las empresas distribuidoras transfieran a las cuentas de los usuarios finales el monto de las sanciones o multas cursadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
