A un año de la aprobación de la nueva Ley Antiterrorista, la ONG Campo Seguro llamó a fortalecer su implementación y evitar que quede solo en el papel. La organización advierte un aumento sostenido de atentados en la macrozona sur.

A un año de su aprobación en el Congreso Nacional, la nueva Ley Antiterrorista —promulgada en febrero de 2025— vuelve al centro del debate público. La normativa incorporó definiciones más precisas sobre los delitos de carácter terrorista y permitió el uso de técnicas especiales de investigación, como la intervención telefónica, agentes encubiertos, activación remota de dispositivos y análisis automatizado de datos personales.

Pese a las reservas de constitucionalidad planteadas en su momento por parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, la ley entró en vigencia plena. Sin embargo, su primer año coincide con un escenario complejo: más de 40 atentados se han registrado en la macrozona sur, posicionando a Chile en el puesto 21 del Índice Global de Terrorismo. En Latinoamérica, solo Colombia se ubica por encima, ocupando el lugar 15.

Desde la ONG Campo Seguro, su director Francisco Muñoz evaluó el impacto de la normativa en el sur del país. “Este año no se han perpetrado actos terroristas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, a nuestro parecer debido al Estado de Excepción en La Araucanía y Arauco; la mayor presencia policial en las rutas de conexión de Los Ríos y la detención de presuntos autores, entre ellos, un ex integrante del MIR”, señaló.

No obstante, Muñoz recordó que ambos territorios han sufrido 64 atentados de índole terrorista desde 2020, con solo dos condenas en causas no tipificadas como terrorismo: un ataque incendiario y un ataque armado contra Carabineros. Para la ONG, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la persecución penal y la aplicación efectiva de la nueva Ley Antiterrorista en la región.

La normativa incorpora elementos relevantes como la calificación terrorista, nuevas penalidades graduadas y sanciones para organizaciones que financien, directa o indirectamente, actividades terroristas. Para Campo Seguro, se trata de herramientas clave que deben emplearse sin dilaciones para reducir el riesgo y mejorar la seguridad en zonas rurales y urbanas afectadas.

Finalmente, Muñoz advirtió que “aún está pendiente el diseño de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, establecida en la propia ley, además de una persecución penal efectiva a las asociaciones terroristas y su financiamiento. También queda por avanzar en la reforma a la Ley de Inteligencia, que lleva ocho años en tramitación y es fundamental para enfrentar este fenómeno”.