Autoridades analizan legalidad de adquisición de más de 200 hectáreas en sector estratégico. Caso pone foco en normativa que regula la propiedad de tierras en áreas limítrofes.

Diversas autoridades iniciaron acciones para esclarecer la legalidad de la compra de terrenos en la comuna de Futaleufú, en la Región de Los Lagos, en un caso que involucra predios ubicados en una zona fronteriza considerada estratégica para el país.

La revisión se centra en la adquisición de más de 200 hectáreas en el sector del lago Lonconao, operación que habría sido realizada originalmente en 2016 por la sociedad Rumbo Sur, y que actualmente está siendo objeto de análisis por parte de organismos públicos.

En este contexto, la Seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos inició un estudio de títulos con el fin de determinar si la compraventa se ajusta a la normativa vigente. Para ello, se solicitó información al Conservador de Bienes Raíces de Futaleufú y se están recopilando antecedentes jurídicos del caso.

El seremi Nicolás Yunge explicó que el objetivo es emitir una opinión técnica que permita establecer si existieron eventuales omisiones o irregularidades en el proceso, particularmente en relación con la nacionalidad de los compradores.

En tanto, el senador Fidel Espinoza presentó una denuncia formal ante el Gobierno, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público por la presunta compra irregular de terrenos en zona fronteriza de la comuna de Futaleufú, en la Región de Los Lagos.

La acción se sustenta en antecedentes recopilados junto a vecinos del sector, quienes alertaron sobre la adquisición de predios por parte de ciudadanos argentinos en un área considerada estratégica para la soberanía nacional, específicamente en la provincia de Palena.

La legislación chilena establece restricciones específicas para la adquisición de terrenos en zonas fronterizas. El artículo 7 del Decreto Ley 1939 prohíbe que ciudadanos de países limítrofes accedan a este tipo de propiedades, salvo que exista una autorización expresa del Presidente de la República.

En paralelo, los antecedentes también están siendo revisados por el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, en el marco de las acciones destinadas a determinar eventuales responsabilidades y definir posibles medidas legales.

Desde la comunidad local, dirigentes han manifestado inquietud por este tipo de operaciones en áreas limítrofes, señalando la importancia de resguardar el cumplimiento de la normativa y proteger el territorio en sectores sensibles.

La resolución del estudio de títulos será clave para definir los pasos a seguir, incluyendo eventuales acciones judiciales o administrativas, en un proceso que busca garantizar la transparencia y el respeto de la legislación en la propiedad de tierras en zonas fronterizas del sur del país.