Una operación militar provocó explosiones, cortes de energía y la captura del presidente Nicolás Maduro, abriendo un escenario de alta incertidumbre política y diplomática en la región.
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana. Reportes desde Caracas y zonas aledañas como Miranda, La Guaira y Aragua dieron cuenta de fuertes explosiones, sobrevuelos de aeronaves a baja altura y extensos cortes de suministro eléctrico, generando alarma entre la población civil y una inmediata reacción de la comunidad internacional.
Según autoridades de Estados Unidos, encabezadas por el presidente Donald Trump, los hechos formaron parte de una operación militar de gran escala que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Washington sostuvo que la acción se enmarca en cargos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, en un proceso que, aseguran, se arrastra desde hace años.
El gobierno venezolano calificó lo ocurrido como una “grave agresión militar” contra la soberanía nacional, decretó estado de conmoción exterior y llamó a una movilización general. En paralelo, diversos países y organismos internacionales expresaron preocupación por el riesgo de una escalada regional y por eventuales vulneraciones al derecho internacional.
Para el analista internacional Marcelo Pérez, docente del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, la forma en que se ejecutó la operación resulta particularmente llamativa. “Fue una operación limpia, rápida y efectiva, tanto que parece imposible sin apoyo interno del círculo cercano de Maduro. La respuesta militar fue prácticamente nula, lo que evidencia una fragilidad inusual de los servicios de seguridad”, señaló.
El destino de Nicolás Maduro abre otra interrogante clave. Pérez sostiene que, al tratarse de acusaciones por narcotráfico, “no se le considerará como exmandatario, sino como un narcoterrorista”, lo que podría implicar un proceso judicial bajo regímenes de máxima seguridad en Estados Unidos. Esta situación ha generado debate incluso dentro del propio Congreso estadounidense, donde se cuestiona la legalidad de una intervención sin mandato explícito.
Con Maduro fuera de escena, el escenario político venezolano sigue siendo incierto. Aunque la Constitución establece que la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería asumir en caso de vacancia, persisten dudas sobre el respaldo real de las Fuerzas Armadas y del propio aparato estatal. Para los analistas, la eventual transición definirá no solo el futuro de Venezuela, sino también el equilibrio político y diplomático de América Latina en los próximos años.
