Jorge Astudillo, académico de derecho UNAB sede Viña del Mar

Hace apenas unos meses, la candidata presidencial Jeannette Jara, en plena campaña de primarias, sostuvo que Cuba “no es una dictadura. Tiene un sistema democrático distinto al nuestro”. Esa declaración se inscribía en la tradicional postura del Partido Comunista de Chile (PC), que históricamente ha defendido al régimen cubano como una alternativa legítima frente a los modelos liberales occidentales. Desde los años sesenta, el PC ha desplegado un discurso de validación política, cultural e ideológica hacia la Revolución Cubana.

Sin embargo, esta semana la misma Jara reconoció que “en Cuba no hay democracia”. El contraste no es menor. Supone un quiebre respecto de la línea histórica de su partido —en el que milita desde los 14 años—, que por décadas ha evitado emplear categorías críticas frente al sistema cubano.

En este punto cabe preguntarnos: ¿qué entendemos por democracia? La teoría política entrega parámetros claros. Desde la visión minimalista (Schumpeter, Przeworski), lo indispensable es la existencia de elecciones libres, competitivas y con posibilidad de alternancia en el poder. Robert Dahl, con su noción de poliarquía, añade derechos civiles, pluralismo político y libertades de asociación y prensa.

Bajo cualquiera de estas concepciones, Cuba no califica como democracia, ni siquiera como una “democracia distinta”: se trata de un régimen de partido único, sin competencia electoral ni pluralismo. Los estándares más contemporáneos —que incorporan deliberación pública, respeto robusto de derechos humanos y rendición de cuentas (Habermas)— solo refuerzan la evidencia del déficit democrático en la isla.

La idea de “democracia distinta” se revela entonces como una construcción retórica. El régimen cubano se autodefine como una democracia socialista que privilegia la igualdad material y la participación a través de instancias controladas por el Partido Comunista. Pero la literatura comparada lo clasifica como un autoritarismo de partido único, que intenta presentarse como “democracia no liberal”.

El cambio de tono de Jara refleja la tensión entre la lealtad histórica del PC a la revolución cubana y la necesidad de dialogar con un electorado chileno que, en su mayoría, adscribe a un ideal democrático basado en pluralismo, derechos y alternancia. Admitir que en Cuba “no hay democracia” es un paso hacia la sinceridad discursiva y la coherencia con la defensa de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, la rectificación exhibe la dificultad de sostener, en pleno siglo XXI, un relato que legitime regímenes dictatoriales bajo el disfraz de “democracias distintas”. Surge así una pregunta legítima: ¿este giro en el discurso de Jara responde a una convicción auténtica y a un compromiso real con la democracia, o solo a una estrategia para conquistar al electorado de centro frente a su estancamiento en las encuestas?

En definitiva, más que un debate sobre Cuba, lo que está en juego es nuestra propia democracia. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a relativizar su concepto para proteger afinidades ideológicas, o si seremos capaces de sostener un estándar universal que

reconozca como democracias solo a aquellos sistemas que cumplen con las condiciones mínimas de pluralismo, competencia y pleno respeto de los derechos ciudadanos.