Por Danitza Ortiz Viveros, seremi de Gobierno de Los Lagos

Como sostuvo el Presidente Boric en su última Cuenta Pública, mantener una cárcel especial como esta no tiene justificación. El cierre del penal Punta Peuco como lo conocíamos significa que ahora en Chile no existen presos de primera ni de segunda categoría.
Esta medida impulsada por el Gobierno del Presidente Boric es un acto de justicia que reafirma un principio esencial de nuestra democracia: las condenas deben cumplirse sin privilegios ni distinciones. La igualdad ante la ley no se agota en los tribunales, también debe cumplirse dentro de las cárceles.
Durante décadas, el Penal Punta Peuco simbolizó una herida abierta. Allí los responsables de delitos de lesa humanidad recibieron un trato que los distanciaba del resto de los condenados, como si sus crímenes merecieran indulgencia o una consideración especial. Esa diferenciación no solo minó la confianza en el sistema de justicia, sino que profundizó el dolor de las víctimas y la sensación de impunidad que ha acompañado nuestra historia reciente.
Esta medida es un paso hacia una justicia verdaderamente igualitaria. Las canchas que sirvieron para el esparcimiento de reclusos privilegiados hoy se transforman en infraestructura penitenciaria común, quedando a disposición de las necesidades del país en materia de seguridad y contribuyendo a disminuir la sobrepoblación de las cárceles chilenas.
Como Gobierno, reafirmamos que en un Estado de derecho no puede haber espacios reservados para la impunidad ni cárceles diseñadas para proteger a los poderosos. La justicia, para ser tal, debe mirar a todos y todas con el mismo rigor y la misma humanidad.