La parlamentaria por el Distrito 26 valoró la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, destacando que permitirá entregar más tiempo a familias rurales, pequeños agricultores y comunidades indígenas para completar sus trámites.
Como una medida necesaria para proteger a miles de familias del mundo rural calificó la diputada Claudia Reyes (Partido Republicano) la aprobación del proyecto de ley que extiende hasta el 6 de abril de 2030 el plazo para regularizar e inscribir los derechos de aprovechamiento de aguas.
La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora continuará su tramitación en el Senado, busca ampliar en tres años el plazo actualmente vigente para que los titulares de estos derechos puedan completar su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas.
Durante su intervención en sala, la parlamentaria por el Distrito 26 sostuvo que la medida representa una solución concreta para numerosas personas que aún no han logrado concluir los procedimientos exigidos por la normativa.
“Extender el plazo hasta el 6 de abril de 2030 es una medida justa, porque permite dar más tiempo para hacer las cosas bien y evitar que muchas personas pierdan sus derechos por no alcanzar a cumplir con un trámite”, afirmó.
Reyes explicó que la extensión responde a las dificultades que enfrentan pequeños agricultores, familias rurales y comunidades indígenas para completar los procesos de regularización, debido a factores como la falta de recursos, escasa asesoría técnica, dificultades de acceso a la información y demoras administrativas en los organismos responsables.
La legisladora señaló que esta realidad se observa con especial fuerza en las comunas rurales del sur del país, donde muchas familias dependen directamente del agua para el desarrollo de actividades productivas y de subsistencia.
“Muchas familias del mundo rural dependen del agua para sus animales, sus huertos, sus predios y su producción. No podemos permitir que por demoras administrativas terminen perdiendo un derecho que es fundamental para vivir y trabajar”, enfatizó.
La diputada también destacó que la aprobación de la prórroga debe ir acompañada de mejoras en la gestión pública, considerando el importante número de solicitudes que aún permanecen pendientes de resolución.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe fortalecer su capacidad de respuesta para evitar que la extensión de plazos se transforme en una solución permanente a problemas administrativos que requieren atención de fondo.
“Esta prórroga no puede ser la única solución. Existen miles de solicitudes pendientes en la Dirección General de Aguas y también retrasos en los Conservadores de Bienes Raíces. Por eso es necesario agilizar los procedimientos y entregar un mejor acompañamiento a los usuarios”, indicó.
Asimismo, advirtió que una nueva ampliación de los plazos podría generar incentivos equivocados para algunos usuarios que opten por postergar sus trámites a la espera de futuras extensiones.
Por ello, la parlamentaria sostuvo que el período adicional debe aprovecharse para ordenar el sistema, acelerar los procesos administrativos y entregar mayores herramientas a quienes requieren regularizar sus derechos, especialmente en sectores rurales donde el acceso al agua resulta fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades.
