Encuesta nacional del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello revela un aumento en la percepción de conflicto entre chilenos y extranjeros, además de un amplio rechazo a flexibilizar reglas migratorias.

En plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (IPP UNAB) dio a conocer los resultados de un nuevo sondeo sobre percepciones ciudadanas en torno a la inmigración en Chile. Entre los principales hallazgos destaca el hecho de que un 81% de los consultados está en desacuerdo con regularizar o legalizar a migrantes que no cumplieron con los requisitos de ingreso, además de un aumento sostenido en la sensación de conflicto entre chilenos y extranjeros.

El estudio reveló que un 64% de los encuestados cree que la inmigración aumentará en los próximos años, cifra muy superior al 8% registrado en 2020. Junto con ello, un 66% percibe un fuerte conflicto en la convivencia entre chilenos y población extranjera, mientras que solo un 3% considera que no existen tensiones. Además, un 58% rechaza la idea de que la migración sea necesaria para suplir la falta de mano de obra nacional, especialmente en sectores como el agrícola.

Respecto a las reglas migratorias, el sondeo muestra posiciones mayoritariamente estrictas: el 85% está en desacuerdo con permitir el ingreso sin restricciones, el 80% señala que una persona que viene a trabajar no debería hacerlo como turista, y el 86% rechaza que el Estado otorgue visa a quienes hayan ingresado por pasos no habilitados, aun cuando tengan trabajo. El requisito más valorado para regularizar la situación migratoria es contar con antecedentes penales limpios en Chile y en el país de origen (84%), seguido de tener un contrato laboral vigente y una residencia mínima de cinco años.

En materia de impacto social, un 84% considera que las personas migrantes reciben más beneficios de los que aportan en servicios como salud y educación. En contraste, solo un 12% afirma que la llegada de población extranjera beneficia principalmente a la economía del país, mientras que un 54% sostiene que quienes más ganan con la migración son las empresas, no la ciudadanía. Además, un 77% cree que los sectores más pobres son los más afectados por la competencia laboral con personas extranjeras.

El sondeo también abordó el debate sobre participación política de la población migrante. Un 38% estima que solo deberían votar después de 10 años de residencia continua, mientras que un 22% considera que no deberían tener derecho a sufragio en ningún caso. Las opiniones se dividen respecto a en qué elecciones deberían participar: un 42% no permitiría su voto en ningún proceso electoral, mientras que un 41% lo respaldaría en todas las elecciones, incluidos comicios presidenciales y parlamentarios.

Tras presentar las conclusiones del estudio, la investigadora del IPP UNAB, Sandra Bravo, destacó que los resultados “reflejan una evaluación ciudadana cada vez más exigente sobre la migración, con una demanda clara por reglas más estrictas y por reducir las tensiones que hoy percibe la población”. La encuesta se realizó entre el 15 y el 26 de octubre, con una muestra de 3.169 personas y un margen de error de 6,24%, mediante un panel online representativo a nivel nacional.