64% de los chilenos pide desvincular a funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica. En Los Lagos, alcaldes de Osorno y Puerto Montt ya ordenaron sumarios.
La polémica por los más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias médicas entre 2023 y 2024 sigue escalando. Según la encuesta “Chile Nos Habla”, elaborada por la Universidad San Sebastián, un 64,2% de los consultados exige la desvinculación de quienes hicieron uso indebido de este beneficio. El caso también ha tenido repercusiones locales: en la Región de Los Lagos, los municipios de Osorno y Puerto Montt iniciaron sumarios administrativos para esclarecer posibles responsabilidades.
El estudio revela que el 69,9% de los encuestados exige además el reembolso de los dineros por parte de los infractores, mientras que el 44,9% propone investigar a los médicos que extendieron las licencias, y un 41,7% sugiere tomar acciones legales. A pesar de esta contundente opinión pública, un 58,4% cree que no ocurrirá nada con los funcionarios involucrados.
La situación ha sido calificada como grave por autoridades académicas. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, sostuvo que “este fraude daña la fe pública y se financia con recursos que deberían destinarse a urgencias reales como seguridad o salud”. Por su parte, el Dr. Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), señaló que “urge fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción tanto a quienes solicitan como a quienes emiten estas licencias”.
En Osorno y Puerto Montt, los alcaldes han reaccionado con firmeza al conocerse casos en sus respectivos municipios. Ambas administraciones instruyeron sumarios internos para determinar si hubo mal uso de licencias médicas por parte de sus funcionarios, enviando además los antecedentes a Contraloría. La medida busca dar una señal clara de probidad y resguardo del correcto uso de los recursos públicos.
La encuesta también refleja una percepción de impunidad estructural: un 71,6% cree que estos casos ocurren por falta de consecuencias efectivas, mientras que un 63,9% apunta a la responsabilidad de quienes emiten las licencias sin justificación médica válida. El rol de la COMPIN también entra en cuestión, con un 39,7% que responsabiliza a este organismo por la falta de control.
Frente a este escenario, los expertos sugieren avanzar en reformas al régimen de empleo público y mejorar los sistemas de evaluación médica. “La solución pasa por castigar a quienes cometen faltas, pero también por modernizar la estructura laboral del Estado, que hoy permite estas distorsiones”, concluyó Weber. Por ahora, la ciudadanía observa atenta y con escepticismo el desenlace de este nuevo escándalo que involucra recursos fiscales y confianza institucional.
