El proceso busca actualizar la regulación de los sistemas de distribución y transmisión eléctrica, cuyo marco legal tiene más de 40 años. El trabajo técnico se extenderá hasta fin de año y será la base del proyecto de ley que el Gobierno prevé ingresar al Congreso en 2027.
Puerto Montt fue escenario del inicio de un proceso participativo interregional para avanzar en la Reforma de Redes Eléctricas, iniciativa que busca modernizar la regulación de los sistemas de distribución y transmisión en Chile y responder a los nuevos desafíos que enfrenta el sector energético.
La jornada fue encabezada por el subsecretario de Energía, Hugo Briones, junto al delegado presidencial regional, Cristián Palma, y el seremi de Energía de Los Lagos, Andrés Niklitschek, y reunió a representantes de instituciones públicas, empresas eléctricas, asociaciones gremiales, la academia y otros actores vinculados al desarrollo de la infraestructura energética.
En el encuentro también participaron los seremis de Energía del Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes, además de autoridades regionales y locales. La instancia forma parte de un proceso de trabajo que contará con la asesoría del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), asistencia técnica del Banco Mundial y el apoyo especializado del académico Rodrigo Moreno.
Según explicó el subsecretario Hugo Briones, el objetivo es recoger las propuestas de los distintos sectores para construir una reforma que permita transformar la infraestructura energética del país. “Se han convocado a los distintos gremios, la academia, la sociedad civil y esperamos que este trabajo sea muy fructífero”, señaló durante la jornada desarrollada en Puerto Montt.
Uno de los principales objetivos de la reforma será fortalecer la seguridad y resiliencia del servicio eléctrico, considerando tanto las contingencias operacionales como el aumento de eventos climáticos extremos. Para ello se busca avanzar en una planificación que permita realizar inversiones de manera más eficiente y contar con redes más robustas.
La propuesta también considera mejorar la calidad del servicio y la relación con los usuarios, mediante una mayor continuidad del suministro, reducción de los tiempos de reposición, mejores procesos de conexión y fortalecimiento de la atención comercial. A ello se suma la necesidad de adaptar las redes a la digitalización, la generación distribuida, la electrificación de consumos y la incorporación de nuevas tecnologías y servicios energéticos.
El proceso participativo continuará durante los próximos meses con mesas técnicas y encuentros regionales en distintas zonas del país, además de una instancia específica de trabajo con alcaldes. El Ministerio de Energía prevé presentar una propuesta conceptual en diciembre de 2026, que recogerá los resultados del trabajo técnico y participativo, para posteriormente avanzar en el proyecto de ley que el Gobierno espera ingresar al Congreso durante 2027.
