Los Lagos inicia consulta indígena por nuevo sistema de tierras
La Región de Los Lagos da el vamos a una Consulta Indígena histórica que busca establecer un innovador sistema de repartición de tierras mapuches. El proceso, liderado por autoridades regionales, movilizará a 40 funcionarios públicos y se espera la participación de unas 5 mil personas en 24 locales. La Región de Los Lagos dio inicio formal a la Consulta Indígena derivada como propuesta de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que trabajó durante dos años para avanzar en la relación entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Esta consulta partirá el 13 de agosto en las comunas de Osorno, Fresia y Ancud. Este proceso, anunciado en Puerto Montt, tiene como principal objetivo proponer una medida legislativa que reforme el actual sistema de entrega de tierras a los pueblos originarios. La iniciativa fue anunciada por la seremi de Gobierno de Los Lagos, Danitza Ortiz, y el delegado del programa Buen Vivir, Cristian Caipillán. La consulta se desarrollará a través de 144 reuniones distribuidas en 5 etapas, con una planificación que estima una duración de 4 a 6 meses y una fecha límite clave en los primeros días de marzo de 2026. Para su ejecución, se ha desplegado un equipo de 40 funcionarios públicos en las cuatro provincias de la región. El éxito de este proceso no se medirá por la cantidad de asistentes, sino por la contribución que las comunidades puedan hacer a la propuesta de este nuevo sistema de tierras. Uno de los principales detonantes de esta consulta es el reconocimiento de que el sistema actual de entrega de tierras a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se encuentra obsoleto, conforme al Artículo 20, letra B de la normativa vigente. Según los cálculos presentados, el 99% del presupuesto de compra de tierras se concentra en las regiones de La Araucanía y Los Lagos. Con un presupuesto de Conadi de $65 mil millones de pesos para 2025, de los cuales $44 mil millones se gastaron en el citado artículo, se estima que, a este ritmo, las aspiraciones de compra de tierras podrían extenderse entre 86 y 162 años. En este contexto, se plantea que la Conadi deje su potestad de negociar la compra de terrenos en el futuro, para que se dedique plenamente al desarrollo indígena, que es su razón de ser original. Para financiar las medidas futuras, se ha mencionado la aspiración de contar con un fondo global de USD$4 mil millones, el cual no sería anual. Adicionalmente, se ha propuesto la creación de un Tribunal Arbitral Mixto para gestionar contingencias relacionadas con tierras entre mapuches y no mapuches. La metodología de la consulta consta de cinco etapas clave: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización. El coordinador regional del Plan Buen Vivir, Cristián Caipillán, ha enfatizado que la entrega de información es la parte más relevante, seguida por la etapa de deliberación interna de las comunidades. Los datos recopilados serán analizados por expertos para, posteriormente, dar forma a la propuesta de ley. Esta iniciativa surge del informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento, buscando una solución administrativa al conflicto mapuche. La seremi de Gobierno, Danitza Ortiz, destacó el respaldo transversal de 19 partidos políticos que se han puesto a disposición para dar luz verde al documento que emane de esta consulta. No obstante, el proceso ya enfrenta desafíos, como el rechazo a participar del Consejo de Loncos de Osorno, mientras que la situación con el Consejo de Chiloé aún es incierta.
Caso Chilterra: Conadi aclara que sólo puede adquirir predios “libres de cargas”
A través de una declaración pública, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) afirmó que “no puede pronunciarse ni hacerse cargo de suposiciones o aspiraciones de terceros respecto a procesos en curso”. Con el objetivo de aclarar el proceso que involucra a Chilterra, empresa lechera actualmente en reorganización judicial desde 2022, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) emitió un comunicado este miércoles. En la declaración, explicó el estado actual de la eventual compra de 1.500 hectáreas del fundo Huite —de un total de 3.800 hectáreas propiedad de Chilterra—, cuyo valor ha sido estimado en aproximadamente $12 millones por hectárea. La aclaración se da en medio de cuestionamientos públicos, especialmente de la ONG Campo Seguro y el consejero regional de Los Lagos, Alexis Casanova, quienes han expresado dudas sobre el origen y la transparencia del proceso de compra. En respuesta, Conadi subrayó que “solo se procede a la negociación de compra si el predio presentado cuenta con títulos legales en orden, está libre de prohibiciones y gravámenes, con contribuciones al día, y otros aspectos que garanticen una adquisición sin problemas jurídicos o técnicos. Cuando se logra un acuerdo de precio, ajustado a la tasación realizada, el predio pasa a estado de compra”. En cuanto a la situación financiera de Chilterra, en la causa de reorganización llevada en el 1° Juzgado Civil de Valdivia (Causa C1203-2022), se detalla que la empresa acumulaba deudas por aproximadamente $95 millones con la Tesorería General de la República. Esto es parte de un pasivo total que alcanza cerca de $28.600 millones al momento de iniciar la reorganización, sin incluir a la otra empresa relacionada, Agrícola Dos Ríos. Los principales acreedores que conforman la junta de acreedores son Rabobank, Scotiabank y Banco Security. Conadi también indicó que el comunicado responde al reportaje de The Clinic, que abordó la posible adquisición del fundo, y a la réplica de la ONG Campo Seguro. La entidad detalló que las comunidades indígenas con derecho a aplicabilidad dentro del mecanismo del artículo 20 letra b) del Fondo de Tierras y Aguas son quienes eligen libremente los predios que presentan como opciones de compra. Una vez que las comunidades manifiestan interés en uno o más predios, y si el propietario está dispuesto a vender, Conadi procede a realizar los estudios de títulos, análisis de viabilidad técnica y preparativos para un eventual proceso de negociación y compraventa. Por su parte, la comunidad indígena involucrada en las tratativas expresó su rechazo a las críticas recibidas. En un comunicado, calificaron a la ONG Campo Seguro, que agrupa a Agrollanquihue, Sago, Aproleche, Aproval y Saval, como una “organización fantasma” que “busca impedir cualquier intento de paz y progreso”. Finalmente, Conadi precisó que “las adquisiciones se proyectan de acuerdo con los predios que cumplen los requisitos de compra, la disponibilidad presupuestaria y en conformidad con las glosas y criterios de priorización aplicables. Si se cumplen todos los requisitos legales, se aprueba la compra y el expediente es enviado a la Contraloría General de la República para su control previo de legalidad. En este contexto, los predios de Chilterra y Agrícola Dos Ríos han sido presentados como opciones por comunidades indígenas, pero aún se encuentran en etapas preliminares de estudio y negociación”.
Core Alexis Casanova y proyecto de Chilterra: “No se puede permitir un mal uso de la Ley Indígena”
Consejero regional RN solicitará en el pleno un pronunciamiento de organismos pertinentes frente a casos en que el Estado adquiera tierras para usos que atentan contra el espíritu del cuerpo legal. Como un proyecto poco claro que encierra un modelo que atenta contra el espíritu de la Ley Indígena, calificó el consejero regional por Los Lagos RN, Alexis Casanova, la iniciativa por la cual Chilterra, compañía que se encuentra en un proceso de reorganización judicial, busca que el Estado adquiera su predio utilizando para ello la ley Indígena. “En el sur todos tienen conocimiento de que las comunidades indígenas que hoy se muestra como encabezando una “toma productiva” de Chilterra apareció en las 3.800 hectáreas ubicadas en las comunas de Paillaco, Los Lagos y Futrono en medio de esta reorganización judicial, con el beneplácito de la propia empresa. Ninguna de esas comunidades provenientes de la región de La Araucanía cuenta con títulos de Merced y Comisarios sobre esos terrenos y por ello soy categórico al señalar que “no se puede permitir un mal uso de la Ley Indígena”, aseveró el consejero regional por Los Lagos, Alexis Casanova. El representante de la provincia de Osorno indicó que solicitará que el Consejo Regional oficie a la Conadi para que aclare su posición respecto de este y otros casos que se registran en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, donde habría empresarios que están armando comunidades para vender sus predios, recibir esos fondos del Estado, y luego continuar trabajando en el mismo lugar. “Uno puede abrirse a otras alternativas productivas, por cierto, pero cuando las herramientas jurídicas no existen, no se puede permitir el uso de leyes cuya finalidad es distinta”. Foto: La Izquierda Diario.
