El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello presentó un nuevo informe (ver aquí) que analiza el origen, evolución y presencia del Tren de Aragua en Chile. La investigación detalla cómo esta organización criminal venezolana, surgida en un penal de su país, se ha transformado en uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional y la estabilidad democrática de Chile.

Según el estudio, la última década (2014-2024) ha estado marcada por el aumento sostenido de delitos violentos en el país, con un crecimiento del 86% en los homicidios y del 74% en los secuestros, junto con el ingreso de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales. Entre ellas, el Tren de Aragua se consolida como la de mayor expansión y capacidad operativa, con presencia en 12 de las 16 regiones del territorio nacional.

El documento del OCRIT UNAB, titulado “Radiografía a las principales organizaciones criminales transnacionales en Chile: Tren de Aragua”, describe los orígenes de esta banda en la cárcel de Tocorón, Venezuela, donde su líder, Héctor “Niño” Guerrero, estableció una base de operaciones que funcionaba como un “Estado paralelo”. Desde allí, la organización expandió su influencia mediante un modelo jerárquico y “franquiciado”, operando hoy en al menos siete países de América del Sur y Estados Unidos.

En Chile, el Tren de Aragua mantiene un amplio portafolio criminal que abarca homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, narcotráfico, sicariato, lavado de activos y explotación sexual, entre otros delitos. El informe también advierte sobre un componente político-terrorista, evidenciado por la planificación de atentados y el asesinato de funcionarios y testigos protegidos.

El estudio revisa además casos emblemáticos que evidencian su accionar en el país, como el secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, la condena a 34 miembros de la célula “Los Gallegos” en Arica —sentenciados a más de 500 años de cárcel— y la trata de mujeres extranjeras en Puerto Montt, que derivó en penas de hasta 99 años de prisión. Estos casos, según el informe, reflejan el alcance y diversificación delictiva de la organización.

El OCRIT UNAB plantea diez claves para entender su funcionamiento, entre ellas su origen carcelario, su modelo de franquicias, el control territorial mediante violencia y coerción, el uso del miedo como herramienta de poder —denominado “efecto fantasma”— y la existencia de finanzas criminales que sustentan su expansión. El informe advierte que este “efecto fantasma” genera hiperatribución de delitos y temor institucional, al punto de que bandas menores se apropian del nombre “Tren de Aragua” para infundir miedo.

Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT y autor del estudio, explicó que “el Tren de Aragua no es un actor delictivo más, sino una organización que erosiona la autoridad del Estado y amenaza la democracia al imponer su propio orden mediante el miedo y la violencia”. Además, recalcó que su poder simbólico amplifica el impacto real de sus operaciones en Chile.

Finalmente, Urquízar advirtió que el Estado chileno llegó tarde al combate contra esta amenaza, afectado por la falta de control carcelario, el aumento de la migración clandestina y la ausencia de una estrategia de inteligencia moderna. “La desarticulación completa del Tren de Aragua excede a un gobierno y requiere una política de Estado permanente y coordinada que enfrente el poder del crimen organizado transnacional”, concluyó.