Dra.(c) Rosa Villarroel-Valdés, directora de Trabajo Social UNAB, sede Viña del Mar
La denuncia presentada por las familias damnificadas del megaincendio de Viña del Mar ante la ONU marca un punto de inflexión en la discusión sobre el derecho a la vivienda en Chile. Lo que está en juego no es únicamente la pérdida material de cientos de hogares, sino la vulneración de un derecho humano fundamental reconocido por tratados internacionales: el derecho a vivir con dignidad, en un espacio seguro, estable y habitable.
Impresiona constatar que, a más de un año de la tragedia, muchas familias siguen esperando soluciones habitacionales reales y dignas. Cuando el Estado se limita a medidas asistenciales fragmentadas, se diluye su responsabilidad como garante de derechos y se consolida la percepción de que la vivienda es un bien de consumo o un privilegio, más que un derecho básico indispensable para la vida en comunidad.
Desde una mirada interseccional, la situación se vuelve aún más compleja. Las consecuencias del incendio no afectaron de la misma manera a todas las personas: las mujeres, en particular las jefas de hogar han debido sostener la vida familiar en medio de la pérdida; los adultos mayores cargan con la angustia de no tener tiempo para esperar largas soluciones burocráticas; niños, niñas y adolescentes enfrentan la discontinuidad de sus proyectos educativos y vitales.
A ello se suma la histórica desigualdad que golpea con mayor fuerza a las familias pobres, muchas de ellas asentadas en territorios marginados donde el acceso a servicios ya era limitado antes de la catástrofe. El incendio, en este sentido, no hizo más que profundizar las fracturas sociales existentes.
La decisión de recurrir a instancias internacionales, como a Naciones Unidas, es un acto de dignida frente a la lenta respuesta estatal. Las comunidades transforman su dolor en acción, recordando que los derechos humanos no son declaraciones abstractas, sino compromisos concretos que el Estado debe garantizar. No se trata de pedir favores ni de esperar gestos de buena voluntad, sino de exigir justicia y reparación.
Lo que denuncian las familias es, en el fondo, el fracaso de un modelo que concibe la vivienda como mercancía y no como derecho. Pero, al mismo tiempo, esta acción colectiva abre una oportunidad de repensar la política habitacional chilena desde un enfoque de derechos, de justicia social y de igualdad sustantiva. Reconstruir no puede significar solo levantar muros, sino garantizar condiciones para una vida digna y segura.
La denuncia ante la ONU no es solo un reclamo local. Es una interpelación al país entero: ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Una que normaliza la intemperie y el abandono, o una que entiende que sin vivienda digna no hay democracia plena ni futuro posible.
