El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro condenó a A.Y.Y.A. a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de violación de mayor de 14 años. Ilícito perpetrado en julio de 2022, en Castro.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las cuatro de la madrugada del 31 de julio de 2022, A.Y.Y.A. llegó hasta el domicilio de la víctima ubicado en la comuna de Castro, forzó el candado de la reja exterior del inmueble e ingresó utilizando las llaves que mantenía en su poder.
Una vez al interior de la vivienda, procedió a insultar, amenazar, propinar golpes de pies y puños y azotar la cabeza de la víctima contra la pared para, finalmente violarla en dos ocasiones.
Tras las agresiones, A.Y.Y.A. se quedó dormido, lo que la víctima “aprovechó para huir del lugar hasta esconderse en una plaza cercana desde donde pidió auxilio vía telefónica a Carabineros, funcionarios que la encontraron en el mismo lugar momentos después”.
Producto de la agresión, la víctima resultó con múltiples lesiones menos graves en cuero cabelludo, región frontal izquierda, cuello, brazos, tórax y extremidades inferiores.
Determinación del Tribunal
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Rodrigo Alarcón (presidente), Loreto Yáñez y Pablo Farfán (redactor)– aplicó, además, a A.Y.Y.A. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Asimismo, el tribunal impuso al condenado las medidas accesorias previstas en la ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar por el término de dos años, consistentes en la prohibición al sentenciado de acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo, estudio y cualquier otro al que concurra o visite habitualmente; y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio.
Como medida de protección de la víctima y su familia, se decretó la prohibición del sentenciado de acercarse a ella y sus hijos y de contactarlos por cualquier medio, por el plazo de 15 años, medida que será controlada por Gendarmería.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
