En las comunas de Puerto Varas y Osorno, las asignaciones económicas destinadas a los concejales han generado un intenso debate público.

En el caso de Puerto Varas, el Concejo Municipal aprobó un aumento del 58% en las asignaciones de los ediles, decisión que provocó críticas en redes sociales y opiniones divididas entre los vecinos. Por su parte, en Osorno surgieron cuestionamientos respecto al uso y asignación de estos recursos, poniendo el foco en la normativa que regula estos montos y su aplicación.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 88, establece que los concejales tienen derecho a percibir una dieta mensual dentro de un rango de 7,8 a 15,6 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Esta dieta se ajusta anualmente por acuerdo de los dos tercios del concejo y está condicionada a la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, permite compensar una inasistencia al mes asistiendo a dos sesiones de comisión, lo que asegura un control sobre la labor de los ediles.

En el caso de Puerto Varas, la administración municipal justificó el incremento en las asignaciones señalando que estas no son parte de la dieta de los concejales, sino que se destinan al cumplimiento de sus funciones, como arriendos de oficinas y contratación de personal. Según el director de Secpla, Julián Mingo, el aumento se basa en el crecimiento del presupuesto municipal acumulado desde 2021, el cual ha casi duplicado su valor, pasando de 11.000 a 19.000 millones de pesos. Los concejales recalcaron que el ajuste se realizó en apego a la normativa y que refleja los costos actuales de operación en la comuna.

Por otro lado, concejales de Osorno también destacaron la importancia de contar con asignaciones que permitan realizar sus labores de representación y fiscalización. Sin embargo, surgieron críticas sobre la proporcionalidad y uso de estos recursos, dado que muchas comunas aún enfrentan necesidades sociales urgentes que podrían priorizarse.

La Ley permite a los concejales acceder a una asignación adicional anual si han asistido al 75% de las sesiones en el período. Esto busca incentivar la participación activa en la gestión municipal, aunque su aplicación sigue generando cuestionamientos sobre la percepción pública de estos recursos.

En un contexto de creciente escrutinio ciudadano, el debate sobre las asignaciones de concejales no solo refleja la necesidad de mayor transparencia en el uso de recursos públicos, sino también un llamado a equilibrar el cumplimiento de las funciones municipales con las demandas y expectativas de las comunidades a las que representan.