La incorporación de Chile a la iniciativa impulsada por Donald Trump abrió un debate sobre sus implicancias para la seguridad, las inversiones y la soberanía nacional. Marcelo Pérez, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, examina el alcance del documento y las interrogantes que persisten sobre su aplicación. 

La incorporación de Chile al Escudo de las Américas, anunciada el pasado 22 de septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, abrió una discusión sobre el alcance de esta iniciativa impulsada por Estados Unidos y sus posibles consecuencias para la política exterior del país. 

Aunque el Gobierno ha presentado la adhesión como una herramienta de cooperación regional para combatir el crimen organizado, el documento suscrito contempla materias que van más allá de la seguridad, incluyendo inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura digital y coordinación multilateral. 

Para Marcelo Pérez, analista internacional de la Universidad Andrés Bello (UNAB), esta amplitud es fundamental para comprender tanto los objetivos de Washington como las controversias que ha generado la decisión chilena. 

“En general se podría resumir como una alianza entre los países del continente americano. Eso por lo menos es lo que se ha promocionado abiertamente. Ahora, si leemos la letra pequeña del acuerdo firmado por Chile en septiembre, es más amplio que una simple alianza contra el narcotráfico”, sostiene. 

El especialista explica que la firma constituye también una señal de posicionamiento internacional, en un escenario marcado por la competencia entre las grandes potencias y la creciente importancia estratégica de América Latina. 

Seguridad, inversiones y minerales críticos: los alcances del Escudo 

El Escudo de las Américas fue presentado en marzo de 2026 por la administración de Donald Trump como una plataforma de cooperación regional. Su primera cumbre política se realizó el 7 de marzo en Florida y contó con la participación de distintos representantes latinoamericanos. 

Chile avanzó gradualmente en su acercamiento a la iniciativa, hasta formalizar su adhesión en septiembre junto a otros países del continente. 

Según Pérez, uno de los aspectos que todavía requiere mayor claridad es cómo se traducirá esta declaración en medidas concretas. 

“No es claro aún qué nivel de involucramiento tendrá cada país. En el caso de Chile, el mismo Gobierno no ha sido claro sobre qué partes del acuerdo se activarán ni cuándo”, señala. 

En materia de seguridad, la declaración contempla mecanismos de cooperación policial, intercambio de información e inteligencia, coordinación fronteriza y acciones frente a organizaciones criminales transnacionales. 

Sin embargo, el académico advierte que algunas disposiciones plantean interrogantes sobre su aplicación. 

“¿A cargo de quién estará esta instrucción, bajo qué paraguas ideológico, en qué territorio? ¿Quién define qué es una organización narcoterrorista?”, pregunta, al referirse a los mecanismos de capacitación y coordinación entre organismos de seguridad. 

El documento también considera cooperación económica, exploración de mecanismos de control de inversiones, protección de cadenas de suministro de minerales críticos y estándares para proveedores de infraestructura digital. 

Para Pérez, esto demuestra que la iniciativa no se limita a enfrentar organizaciones criminales, sino que también puede influir en decisiones económicas y estratégicas de los países participantes. 

La competencia de Estados Unidos con China y Rusia 

El analista identifica dos dimensiones que ayudan a comprender los intereses estadounidenses detrás de esta alianza. 

La primera es la necesidad de fortalecer la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, considerando que Estados Unidos constituye uno de los principales mercados de destino del narcotráfico internacional. 

La segunda corresponde, a su juicio, a un objetivo geopolítico más amplio: consolidar un espacio de influencia estadounidense frente a la presencia económica y estratégica de China y Rusia en América Latina. 

“Es imposible no ver una movida estratégica para establecer un bloque ideológico cerrado frente a la influencia china y rusa en los países de América. No se trata solo del control de la política interna, sino de los recursos del continente”, plantea. 

Desde esa perspectiva, Pérez identifica tres ejes centrales en la iniciativa: economía, seguridad estratégica y geopolítica. 

El especialista considera que el acceso a minerales, las rutas comerciales y la infraestructura estratégica adquieren especial relevancia en un escenario internacional de creciente competencia entre potencias. 

¿Una nueva expresión de la Doctrina Monroe? 

La adhesión chilena también reactivó comparaciones con antecedentes históricos de intervención estadounidense en América Latina. 

Para Pérez, es importante distinguir entre estas experiencias y evitar paralelismos que no estén respaldados por el contenido del acuerdo. 

“Me parece que la comparación con la Operación Cóndor es, por el momento, algo excesiva. En ella los aparatos represivos de las dictaduras latinoamericanas se coordinaron para perseguir y asesinar enemigos políticos. El programa del Escudo de las Américas no habla de este tipo de actividades”, explica. 

En cambio, considera más pertinente examinar la iniciativa a la luz de la Doctrina Monroe, formulada en 1823, y del Corolario Roosevelt de 1904, que amplió la justificación de la intervención estadounidense en asuntos hemisféricos. 

A su juicio, existe una continuidad en la intención de Washington de definir su papel como potencia predominante en el continente, aunque las herramientas utilizadas sean diferentes. 

“Me parece que el Escudo de las Américas sigue esta tradición de los Estados Unidos de definir las políticas del continente ante el miedo de la intervención intercontinental. En ese caso fue Europa, ahora es China y Rusia”, afirma. 

El académico precisa que, a diferencia de intervenciones históricas de carácter militar, la fórmula actual parece privilegiar mecanismos de cooperación estratégica, lo que no elimina las preguntas sobre los límites de esa cooperación. 

¿Qué compromisos asumió Chile? 

Uno de los puntos centrales del debate es la naturaleza jurídica de la declaración suscrita y el margen de decisión que conserva Chile respecto de sus futuras acciones. 

El Gobierno ha sostenido que la adhesión corresponde a un marco voluntario de cooperación y no a un tratado internacional que establezca automáticamente nuevas obligaciones jurídicas. 

Pérez reconoce esta distinción, pero advierte que la ausencia de un tratado formal no significa que la declaración carezca de consecuencias políticas. 

“Chile sí suscribió una declaración que expresa la intención de avanzar en medidas concretas, incluyendo seguridad, inteligencia, minerales críticos, inversiones y una eventual activación del mecanismo de consulta del TIAR”, señala, en referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

El especialista añade que las acciones futuras deberán ajustarse a la legislación chilena y a las obligaciones internacionales vigentes. 

Desde el punto de vista constitucional, recuerda que el artículo 32 entrega al Presidente la conducción de las relaciones exteriores, mientras que el artículo 54 establece la intervención del Congreso en la aprobación de tratados internacionales antes de su ratificación. 

Por ello, considera que la naturaleza y el desarrollo posterior de los compromisos constituyen aspectos relevantes para determinar qué mecanismos institucionales correspondería aplicar. 

Una decisión con efectos más allá del actual Gobierno 

Para el académico de UNAB, la principal discusión no debería limitarse a los beneficios inmediatos de la cooperación contra el narcotráfico, sino incorporar las posibles consecuencias de largo plazo para Chile. 

El analista sostiene que una iniciativa que aborda simultáneamente seguridad, inversiones y recursos estratégicos debe examinarse desde una perspectiva de Estado, más allá de las prioridades de una administración particular. 

“Si este es el caso, entonces se trata de un tema de Estado y no de Gobierno, por lo que se debería haber incluido a todos los poderes del Estado en la decisión”, afirma. 

En su análisis, el desafío para Chile será precisar los límites de la cooperación, conocer cómo se adoptarán las decisiones dentro de la alianza y evaluar sus implicancias para la autonomía del país en materia de relaciones internacionales. 

Así, mientras el Gobierno destaca las oportunidades de coordinación contra el crimen organizado, la discusión sobre el Escudo de las Américas permanece abierta respecto de su implementación, los compromisos futuros y el equilibrio entre cooperación internacional y soberanía nacional.