A través de una declaración pública, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) afirmó que “no puede pronunciarse ni hacerse cargo de suposiciones o aspiraciones de terceros respecto a procesos en curso”.

Con el objetivo de aclarar el proceso que involucra a Chilterra, empresa lechera actualmente en reorganización judicial desde 2022, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) emitió un comunicado este miércoles. En la declaración, explicó el estado actual de la eventual compra de 1.500 hectáreas del fundo Huite —de un total de 3.800 hectáreas propiedad de Chilterra—, cuyo valor ha sido estimado en aproximadamente $12 millones por hectárea.

La aclaración se da en medio de cuestionamientos públicos, especialmente de la ONG Campo Seguro  y el consejero regional de Los Lagos, Alexis Casanova, quienes han expresado dudas sobre el origen y la transparencia del proceso de compra. En respuesta, Conadi subrayó que “solo se procede a la negociación de compra si el predio presentado cuenta con títulos legales en orden, está libre de prohibiciones y gravámenes, con contribuciones al día, y otros aspectos que garanticen una adquisición sin problemas jurídicos o técnicos. Cuando se logra un acuerdo de precio, ajustado a la tasación realizada, el predio pasa a estado de compra”.

En cuanto a la situación financiera de Chilterra, en la causa de reorganización llevada en el 1° Juzgado Civil de Valdivia (Causa C1203-2022), se detalla que la empresa acumulaba deudas por aproximadamente $95 millones con la Tesorería General de la República. Esto es parte de un pasivo total que alcanza cerca de $28.600 millones al momento de iniciar la reorganización, sin incluir a la otra empresa relacionada, Agrícola Dos Ríos. Los principales acreedores que conforman la junta de acreedores son Rabobank, Scotiabank y Banco Security.

Conadi también indicó que el comunicado responde al reportaje de The Clinic, que abordó la posible adquisición del fundo, y a la réplica de la ONG Campo Seguro. La entidad detalló que las comunidades indígenas con derecho a aplicabilidad dentro del mecanismo del artículo 20 letra b) del Fondo de Tierras y Aguas son quienes eligen libremente los predios que presentan como opciones de compra. Una vez que las comunidades manifiestan interés en uno o más predios, y si el propietario está dispuesto a vender, Conadi procede a realizar los estudios de títulos, análisis de viabilidad técnica y preparativos para un eventual proceso de negociación y compraventa.

Por su parte, la comunidad indígena involucrada en las tratativas expresó su rechazo a las críticas recibidas. En un comunicado, calificaron a la ONG Campo Seguro, que agrupa a Agrollanquihue, Sago, Aproleche, Aproval y Saval, como una “organización fantasma” que “busca impedir cualquier intento de paz y progreso”.

Finalmente, Conadi precisó que “las adquisiciones se proyectan de acuerdo con los predios que cumplen los requisitos de compra, la disponibilidad presupuestaria y en conformidad con las glosas y criterios de priorización aplicables. Si se cumplen todos los requisitos legales, se aprueba la compra y el expediente es enviado a la Contraloría General de la República para su control previo de legalidad. En este contexto, los predios de Chilterra y Agrícola Dos Ríos han sido presentados como opciones por comunidades indígenas, pero aún se encuentran en etapas preliminares de estudio y negociación”.