Actualidad regional, Jueves 25 de junio de 2026
Las informaciones de la Región de Los Lagos en la voz de Marcelo Opitz.
La vulnerabilidad no es sinónimo de vandalismo
Rodrigo Díaz González Seremi de Gobierno de Los Lagos Cuando se discuten políticas públicas en materia de seguridad, es legítimo tener diferencias. Lo que no resulta aceptable es intentar descalificar una iniciativa atribuyéndole intenciones que no tiene, y peor aún, asociando pobreza con delincuencia. En los últimos días, algunos parlamentarios de oposición han sostenido que el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV) afectaría principalmente a familias vulnerables o beneficiarias de programas sociales. Esa afirmación no solo es equivocada, sino que refleja una mirada profundamente clasista, porque supone que quienes requieren apoyo del Estado son precisamente quienes cometen actos vandálicos. Las familias trabajadoras que día a día hacen esfuerzos por salir adelante conocen el valor de lo público. Son ellas quienes utilizan el transporte público para movilizarse, quienes llevan a sus hijos a plazas y espacios comunitarios, quienes esperan durante años que se recupere un barrio o se construya una sede vecinal. Por eso mismo, son también quienes más sufren cuando esos espacios son destruidos o vandalizados. El Registro Único de Vándalos e Incivilidades no busca perseguir la pobreza ni castigar la necesidad. Busca proteger la convivencia social y establecer consecuencias para quienes, mediante actos reiterados de incivilidad, deterioran el patrimonio común y afectan la calidad de vida de millones de personas. Es importante aclarar que nadie ingresará a este registro por una decisión administrativa o arbitraria. Será la justicia la que determine, mediante el debido proceso, la responsabilidad de quienes incurran en conductas como rayados no autorizados, daños al mobiliario urbano, consumo de drogas en la vía pública o venta ilegal de alcohol, entre otras faltas contempladas en el proyecto. Además, la iniciativa incorpora criterios de proporcionalidad y contempla la posibilidad de salir del registro cuando no exista reincidencia. También debemos preguntarnos qué mensaje entregamos cuando relativizamos estas conductas. Un grafiti no autorizado, una plaza destruida o un paradero vandalizado pueden parecer hechos menores para algunos, pero para quienes viven diariamente en esos barrios representan abandono, inseguridad y deterioro de su entorno. Normalizar esas acciones solo termina perjudicando a quienes más dependen de espacios públicos seguros y en buen estado. Todos los chilenos contribuyen, mediante sus impuestos, a mantener y mejorar los bienes públicos. Por ello, es razonable que el Estado establezca mecanismos que promuevan el respeto por esos espacios y desincentiven conductas que afectan a toda la comunidad. La inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir en barrios limpios, seguros y ordenados. Ese es el objetivo del Registro Único de Vándalos e Incivilidades: proteger a quienes respetan las reglas y recordar que la convivencia también implica responsabilidades. Defender lo público no es un acto de discriminación; es un acto de respeto hacia millones de chilenos que todos los días trabajan honestamente y esperan que el Estado cuide aquello que pertenece a todos.
INIA capacita a usuarios de Gendarmería en producción de hortalizas para fortalecer su reinserción laboral
En el marco de un convenio entre ambas instituciones, investigadores de INIA Remehue realizaron una capacitación teórico-práctica dirigida a usuarios del Centro de Educación y Trabajo de Osorno. Con el propósito de fortalecer las competencias agrícolas de personas que participan en procesos de reinserción social y laboral, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Remehue desarrolló el taller “Establecimiento de platabandas para la adaptación a zonas lluviosas”, actividad en la que participaron 11 usuarios del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Osorno, dependiente de Gendarmería de Chile. La capacitación se realizó en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones y tuvo como objetivo entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño, establecimiento y manejo de platabandas, una técnica que mejora el drenaje, la aireación del suelo y las condiciones de cultivo en territorios con alta pluviometría, favoreciendo una producción hortícola más eficiente y resiliente. La jornada fue inaugurada por el subdirector de Investigación y Desarrollo de INIA Remehue, Dr. Claudio Salas Figueroa, junto al investigador y coordinador del taller, Enrique Vallejos Lagos. También participaron el director regional de Gendarmería, Coronel Gustavo Flores Abarca, y el jefe del CET de Osorno, Mayor Pablo Berríos Arias. El programa incluyó las exposiciones “Uso de residuos orgánicos como enmienda o abono al suelo”, presentada por el profesional Josué Martínez, y “Producción de hortalizas en platabandas: adaptación y ventajas para zonas de alta pluviometría”, a cargo del investigador Enrique Vallejos. Posteriormente, los participantes realizaron un taller práctico de instalación de platabandas hortícolas en la Unidad de Recursos Hídricos de INIA Remehue. El director regional de Gendarmería, Coronel Gustavo Flores Abarca, destacó el aporte que ha significado la colaboración de INIA para fortalecer las capacidades productivas del Centro de Educación y Trabajo de Osorno. “Desde que en el año 2025 nos acercamos al INIA para solicitar asesoría en materias agrícolas para el Centro de Educación y Trabajo de Osorno, hemos recibido una inestimable cooperación de los profesionales de dicha institución. Ellos elaboraron un plan de ordenamiento predial para el área productiva de cultivos del CET y, en ese contexto, se ha desarrollado este taller teórico-práctico, con el que esperamos mejorar e incrementar la producción de hortalizas, pero también entregar una nueva herramienta laboral para nuestros usuarios”, señaló la autoridad. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que desarrollan INIA Remehue y Gendarmería de Chile para promover la transferencia tecnológica y la capacitación como herramientas que favorecen la empleabilidad, el desarrollo de competencias y la reinserción social de las personas privadas de libertad que cumplen condena en el régimen de Centro de Educación y Trabajo.
